Hace tiempo que la evidencia de los impactos ambientales debido a actividades humanas ha dejado de ser parte del imaginario colectivo sobre un futuro lejano, para constituirse en una realidad actual que requiere nuevas formas de pensar y actuar por parte de los estados, empresas y la sociedad en su conjunto. La organización del capitalismo y los modelos de desarrollo van adoptando gradualmente medidas tendientes a mitigar los efectos adversos de las actividades productivas sobre el ambiente, ya que se entiende que el hombre está inserto en una biosfera, que si es dañada, también lo es el propio ser humano. Sin embargo, las contradicciones del propio sistema, la competencia entre empresas y países y la búsqueda de rentabilidad en el corto plazo, generan procesos de degradación, sobre-explotación y contaminación de los recursos y activos naturales. Esto se ve potenciado con el crecimiento económico a nivel mundial que se va traduciendo en una mayor presión sobre el ambiente.

Un ejemplo de estas cuestiones se puede representar en el sector agrícola: el proceso de agriculturización que se viene dando en Argentina, definido como el uso creciente y continuo de las tierras para cultivos agrícolas en lugar de usos ganaderos o mixtos y, asociado también a la expansión de la frontera agropecuaria hacia regiones extra-pampeanas y la tendencia de la agricultura hacia el desarrollo de producciones orientadas al monocultivo [1], ha tenido (y tiene) diversos efectos sobre el ambiente.

Existen varios factores que explican este proceso. Por un lado, los altos precios internacionales de commodities agrícolas influyen fuertemente sobre las decisiones de los productores. Las actividades rurales que compiten por el uso de la tierra con estos productos de mayor rentabilidad van siendo paulatinamente desplazadas. Otro de los factores importantes que lo explican es el cambio en el modelo productivo –o nueva etapa para algunos autores-, asociado con la utilización de semillas transgénicas, la siembra directa y la utilización masiva de agroquímicos. El cultivo de soja transgénica -había sobrepasado las 18 millones de hectáreas sembradas en todo el país en el 2009 [2]- es tal vez la expresión más representativa de dicho modelo.

Las transformaciones territoriales de este proceso han sido tratadas desde diversos ángulos. Desde el punto de vista socio-ambiental, son muchos los trabajos que dan cuenta de la cuestión: algunos están vinculados con la sostenibilidad productiva, mientras que otros se han enfocado más en los efectos sobre el ambiente y los seres humanos.

Respecto a esto último, las fumigaciones con agroquímicos que el modelo requiere para su funcionamiento han sido foco de un intenso debate durante los últimos tiempos. Si bien algunos trabajos plantean que los agroquímicos que se utilizan en el presente en general tienen menor grado de toxicidad que sus predecesores, otros cuestionan esta supuesta baja toxicidad y manifiestan que la cantidad de litros volcados sobre los campos en la actualidad por si sola produce riesgos, debido a la magnitud del fenómeno. De acuerdo a los datos disponibles, la utilización de estos productos se ha multiplicado casi 10 veces en los últimos 20 años: de unos 35 millones de litros de agroquímicos que fueron utilizados en Argentina en 1990 [3] , se llegó en el año 2010 a utilizar más de 313 millones de litros [4] . De estos, 200 millones de litros (64%) correspondieron al glifosato, el herbicida más utilizado en la soja transgénica.

Si bien por un lado,algunos opinan que mediante la utilización de “buenas prácticas agrícolas” las fumigaciones con agroquímicos no deberían provocar contaminación en el ambiente ni daños a la salud de las personas, por otro lado, están quienes plantean que es muy difícil el control de las buenas prácticas y que las fumigaciones afectan actualmente la salud de 12 millones de personas en todo el país [5] .

La dimensión científica juega un rol fundamental en esta discusión, debido al status de los científicos como fuente de autoridad reconocida. Sin embargo, las controversias también se expresan en este nivel, ya que existe una diversidad de investigaciones con resultados divergentes. Si bien algunos plantean que hay suficientes estudios y evidencia empírica que demuestra los efectos nocivos de los agroquímicos en la salud (especialmente teniendo en cuenta los efectos subletales y crónicos), otros creen que en Argentina aun no existen estudios suficientes para determinar una relación causal.

Una de las preguntas que surge en este punto es cómo se manejan los diferentes actores en contextos de incertidumbre. En primer lugar, cada actor busca apoyarse en la información científica que responda mejor a su propio interés, sea económico o social. Otros, frente a la incertidumbre, invocan el Principio Precautorio, que aparece en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, el cual indica que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente” [6] .

Existen numerosos interrogantes por resolver en el futuro en este caso. La cuestión de cómo se conciliarán las demandas sociales de los que dicen ser afectados por las fumigaciones con los diversos intereses en torno a la producción de soja transgénica envuelve numerosos aspectos. Lo ambiental aparece así como campo de disputa de poder dónde se plantean diferentes dimensiones: económicas, productivas, sociales, científicas y jurídicas. Todas están íntimamente ligadas y su separación en la teoría es solo un recurso metodológico para poder abordar la problemática en forma organizada.

Como señala Michel Colby, “la resolución de los debates en torno a la relación sociedad-naturaleza involucra mucho más que algunos aspectos de la ecología o de la economía. Tiene que ver con las diferentes modos de comprensión del sistema de organización social y productiva, el modo de ver hacia el pasado y hacia el futuro, y la filosofía de las ciencias y la epistemología” [7] .

Notas:

1. CEPAL -varios autores- (2005). Análisis sistémico de la agriculturización en la pampa húmeda argentina y sus consecuencias en regiones extrapampeanas: sostenibilidad, brechas de conocimiento e integración de políticas. Serie medio ambiente y desarrollo nº 118. CEPAL. Santiago de Chile.

2. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: Sistema integrado de información agropecuaria . http://www.siia.gov.ar . Acceso: 25/03/11

3. Universidad Nacional de Córdoba (2010). Informe del 1er Encuentro Nacional de Médicxs de Pueblos Fumigados. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.

4. Kleffmann Group. Mercado argentino 2010 de Productos Fitosanitarios.

5. Universidad Nacional de Córdoba (2010), op. cit.

6. Ley Nacional 25.675: Ley General del Ambiente

7. Colby, Michel (1990). Environmental management in development. The evolution of paradigms. The World Bank. Washington.