A esta altura de los acontecimientos, difícilmente alguien pueda poner en tela de juicio el carácter eminentemente social de la pandemia que atravesamos. Y esto porque el conjunto de las relaciones sociales – la vida social en sí misma – parece ser la condición de posibilidad para la propagación del Coronavirus en tanto y en cuanto son los modos específicos de organizar las interacciones humanas los que han tornado al COVID-19 “problemático” (o, al menos, más problemático que otros virus conocidos).

De la infinidad de relaciones sociales de las que se sirve el virus para propagarse, posaremos nuestra atención solamente en algunas, aquellas que se vinculan de modo directo al mundo del trabajo.

En Argentina, además de haber distinguido a ciertos grupos de riesgo en términos epidemiológicos, el gobierno acompañó la medida de cuarentena con la definición de una suerte de “grupos de riesgo económico-social”. La consideración de estos grupos tuvo que ver, principalmente, con indicadores emanados de su condición laboral. Así, se comprendió desde un comienzo que existe un conjunto de trabajadores y trabajadoras en posición desfavorable frente a la pandemia, lo que condujo a la implementación de diversas medidas de sostenimiento de puestos de trabajo formales, de políticas específicas dirigidas a trabajadores y trabajadoras no registradxs, a miembros de la economía informal, a monotributistas de las categorías más bajas, a trabajadores y trabajadoras cooperativizadxs, entre otros.

Ahora bien, a pesar de que lo anterior parece acertado, existen a nuestro entender algunas otras dimensiones sociales del trabajo que no han merecido hasta el momento la misma atención. Nos referimos fundamentalmente a los llamados “riesgos laborales” y, más específicamente, a las personas que podría pensarse pertenecen a “grupos de riesgo laboral”.

Vale la pena aclarar que por esto no queremos necesariamente referir a aquellas profesiones que han visto agudizada su exposición a riesgos biológicos a causa de la pandemia (trabajadores esenciales y, fundamentalmente, agentes de salud en la primera línea de batalla). Lo que buscamos enfatizar es la escasa consideración que parece haber merecido la condición que algunxs trabajadorxs detentaban al interior de la estructura del sistema de riesgos de trabajo, previo al inicio de la pandemia.

Así, como primera cuestión a destacar nótese que, sin cambios sustanciales, persiste luego de casi 25 años de sancionada la Ley 24.557 la situación por la cual una porción importante de trabajadores y trabajadoras se halla por fuera del sistema de protección. Si bien este asunto resulta de larga data, la pandemia opera ahora como un nuevo espejo que nos permite re-evaluar su significación.

Cualquier análisis de la dimensión social de los riesgos laborales debe partir entonces de reconocer esta situación, esta diferencia elemental entre quienes se hallan “cubiertos” por el sistema de reparación de daños derivados del trabajo y quiénes no lo están. No parece tratarse de un asunto meramente formal. Más allá de las tareas que una persona concreta desarrolle, hay exposiciones a riesgos laborales que el Estado regula y sobre las que interviene y otras sobre las que no lo hace. Y esto no depende del tipo o magnitud del riesgo, sino de la condición de registro de quienes se exponen a él. Será por ello un verdadero desafío el intentar imponer una mirada “sanitarista” al sistema de riesgos que tenemos a la fecha. La mera existencia de un actor parte del sistema que persigue fines de lucro (las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) podría atentar contra dicha empresa.

Pero además, una vez registrados y cubiertos, lxs trabajadorxs se enfrentan a problemas de otra naturaleza. Marcelo Amable y Claudio San Juan (2020) [1] han reflexionado sobre algunos de los desafíos que afrontaremos en la Argentina post-pandemia. En primer lugar, y siendo que el Decreto 367/20 reconoce al COVID-19 como presunta Enfermedad Profesional no listada (aunque únicamente para aquellxs trabajadorxs que realizan tareas esenciales y están exceptuadxs del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), los expertos señalan que:

“Sin embargo, dicho decreto no acaba de garantizar las herramientas para gestionar la epidemia en los lugares de trabajo y requerirá futuras resoluciones administrativas que acabarán por delimitar la implementación de un modelo de gestión de la prevención de riesgos laborales mientras dure la cuarentena. Es una situación nueva que puede ser transitoria o puede que dure más de lo que todos imaginamos“  (Amable y San Juan, 2020)

En relación a esto, destacan que deberán concretarse nuevas Evaluaciones de Riesgos en los espacios de trabajo para identificar aquellos puestos de mayor exposición al COVID-19. Esto no podrá ser realizado sin la intervención de lxs profesionales en Salud y Seguridad en el Trabajo y los Servicios de Medicina del Trabajo.

Por otra parte, tampoco se han definido claramente los pasos a seguir a la hora de licenciar a trabajadorxs sospechados de contagio. Por el momento, se cuenta únicamente con una serie de “recomendaciones” emanadas de distintos organismos, pero no se ha estipulado, en el marco de la normativa regulatoria vigente, el modo en que se procederá en el lugar de trabajo, cómo será comunicada la situación a lxs otros trabajadorxs, entre otros aspectos que habrá que considerar más temprano que tarde. Recordemos que, en muchos casos, al no tener posibilidad de recurrir a una licencia por enfermedad con goce de sueldo, muchxs trabajadorxs pueden verse obligadxs a presentarse en sus lugares de trabajo normalmente, desoyendo posibles síntomas con miras a no ver mermados sus ingresos. Es por esto que, como señalan Amable y San Juan (2020), “en la medida en que reduzcamos las incertidumbres económicas individuales favoreceremos la prevención colectiva” (op. cit, 2020).

Otro de los desafíos a futuro se vincula a la readecuación de los ámbitos laborales. Un sinnúmero de puestos de trabajo (por no decir prácticamente todos) deberán ser rediseñados, junto con otros espacios comunes tales como sanitarios, vestuarios, comedores, sectores de ingreso y egreso. Sin duda el desafío es enorme y todos los actores del sistema de prevención de riesgos del trabajo deberán aunar esfuerzos en tal sentido.

Un último aspecto también señalado por los expertos se vincula al rol protagónico que estarán llamados a cumplir los especialistas en Salud y Seguridad en el trabajo. Recordemos que en nuestro país, la mayor parte de los profesionales se halla sujeto a las reglas de mercado, incumpliendo el  Convenio 161 de la OIT en lo que respecta al goce pleno de “independencia profesional, tanto respecto del empleador como de lxs trabajadorxs” (Amable y San Juan, 2020)

En síntesis, y para terminar, el desfase existente desde hace ya tiempo en nuestro país, por el cual un asunto de interés público como es la salud laboral resulta en muchos aspectos gestionado bajo una lógica de mercado, condicionará en gran medida la respuesta que seremos capaces de dar a la circulación del COVID-19 en los espacios de trabajo. Es pensando la exposición a los riesgos laborales desde el reconocimiento de las relaciones sociales desiguales sobre las que se superpone, que podremos acercarnos cada vez más a la prevención real.  El desafío pasa entonces por tomar medidas que estén guiadas por la lógica de la salud pública y colectiva, generando protocolos que consiga evitar que nuestro sistema de prevención de riesgos de trabajo se convierta en un “huésped” perfecto para la circulación del virus.

Notas

* Queremos expresar nuestro agradecimiento al Mgtr. Claudio San Juan por los aportes y comentarios a este texto. Los errores u omisiones son entera responsabilidad del autor.

[1] Amable, M. y Claudio San Juan (2020) “Prevenir la pandemia en el Trabajo. En El cohete a la luna. Edición del 26 de Abril de 2020. Disponible en: https://www.elcohetealaluna.com/author/marcelo-amable-y-claudio-san-juan/