Comúnmente, la enorme diversidad de procesos constructivos y/o de desarrollo que suelen agruparse bajo el epíteto de “obra pública” son analizados desde un enfoque que se centra casi exclusivamente en el rol promotor y organizador que asume el Estado. Si bien esta perspectiva no desconoce los innumerables procesos de subcontratación y terciarización a los que da lugar la ejecución de toda obra pública en Argentina, muchas veces se soslayan estos aspectos a la hora de evaluar su impacto en el resultado final.

Dado que es en última instancia el Estado nacional, provincial y/o municipal quien(es) determina(n) -mediante muy distintos procedimientos que no vienen aquí al caso– lo prioritario de una y otra obra, las particularidades de los pliegos para el llamado a licitación y los tiempos proyectados para la ejecución de tareas, se sobreentiende que será el mismo Estado el que garantizará que la concreción de la obra se realice en tiempo y forma.

Sin embargo, muchas veces (si no siempre) las cosas no resultan tan sencillas. En primer lugar, porque al menos en nuestro país, el proceso de trabajo propiamente dicho queda siempre y en todos los casos a cargo de una o más empresas privadas que ganan la licitación, y que son las que efectivamente movilizan la fuerza de trabajo hacia el territorio con el objeto de desarrollar las tareas pautadas. Son entonces estas empresas las que contratan la mano de obra, pasando así a ocupar el “lugar jurídico” de empleadores. Entonces, y si bien el Estado dirige, coordina y fiscaliza el desarrollo de las tareas, no es en última instancia quien emplea de manera directa a las y los trabajadores que efectivamente ejecutan la obra.

Entre otras cuestiones, esto suele dar por resultado la coexistencia de miradas en pugna respecto de lo que es prioritario, dando lugar a relojes de productividad contrapuestos. De esta manera, los famosos “tiempos políticos” rara vez se condicen con los “tiempos productivos” que motorizan las empresas contratistas y, menos aún, con los “tiempos laborales” de las y los trabajadores que efectivamente concretan las tareas.

No nos referimos con esto a la ya conocida estimación de “días perdidos” por cuestiones tales como inclemencias climáticas o retrasos en la llegada de materias primas. Es sabido que este tipo de suspensiones eventuales del proceso de trabajo suelen ser computadas de antemano e incorporadas racionalmente a la proyección general y a las estimaciones del avance de obra. Por el contrario, queremos hacer hincapié en los intereses que motivan a los actores involucrados.

En primer lugar, podría pensarse que el Estado será siempre el actor más interesado en que la obra se concrete de manera rápida. Esto se debe a que, en general, resulta deseable que la obra pública en cuestión pueda culminarse antes del cese en el cargo de los funcionarios que la impulsaron. La naturaleza del proceso de construcción de poder político deriva en que muchas veces “no garpe” emprender una obra que sólo podrá ser inaugurada por otro funcionario, máxime cuando éste último pertenece a un partido opositor.

Ahora bien, ¿cómo es experimentado el proceso de trabajo en una obra pública por las y los trabajadores/as? Sin duda alguna, les trabajadores no parecen estar guiados por intereses similares. Muy por el contrario, hasta podría pensarse que en muchos casos su interés tendrá más que ver con que la obra se dilate, prolongándose con esto la posibilidad de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. No olvidemos que el perfil de una parte importante de los trabajadores de la construcción que son movilizados en este tipo de obras son reclutados exclusivamente mientras dure la misma [1].

Fotografía del autor. Obra pública de Infraestructura. Partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, julio 2023

Pero además, muchas veces los incentivos para aumentar (la velocidad en) la producción van en desmedro de cuestiones tales como la seguridad de los trabajadores, cuestión ésta sobre la que el Estado posee obligaciones concretas en materia de su garantía [2].

¿Y con respecto a la perspectiva de las empresas contratistas? ¿A qué paso caminan sus relojes? Podría pensarse que al paso que le imprimen las certificaciones parciales de las distintas etapas de la obra, necesarias en última instancia para percibir el siguiente desembolso acordado. Es éste el eslabón de la cadena en el que más se palpa la lógica financiera y vinculada a la pura ganancia capitalista que también aparece implicada en toda obra pública. Lisa y llanamente, nos hemos acostumbrado a que en el proceso de producción de lo “público” siempre tenga injerencia algún actor “con fines de lucro”.

Por supuesto, no nos olvidamos de otros actores que también sostienen intereses específicos sobre las obras públicas, tales como los sindicatos, las poblaciones destinatarias de las obras o los bancos internacionales que financian el desarrollo en infraestructura. ¿A qué ritmo se mueven las agujas de sus relojes?

Hemos naturalizado la la idea de que es verdaderamente imposible pensar en obra pública construida por empresas públicas y con empleados públicos. Suele argumentarse que en el sector privado está el verdadero know how y que su adquisición demandaría un enorme esfuerzo para una empresa constructora pública. Pero esto ¿es necesariamente así? ¿No podría una gran empresa pública de construcción de obras incorporar los saberes acumulados de expertos constructores? ¿No podría una gran empresa pública construir represas, cordones cuneta, refaccionar jardines de infantes, escuelas, hospitales? No lo sabemos y tenemos más preguntas que respuestas. Lo que sí sabemos es que, de uno u otro modo, nos queda mucha obra por emprender.