La investigación se enmarca en el Programa de Cooperación Bilateral CONICET-CUIA (Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina) y se propone analizar comparativamente las políticas estatales de reconocimiento e integración de minorías religiosas en Argentina e Italia, desde la década de 1980 hasta el presente.

El recorte temporal no es aleatorio, responde a la expansión del pentecostalismo en Argentina y al proceso migratorio en Italia con una marcada composición de población musulmana. A pesar de tratarse de dos países con una matriz católica predominante en común, estamos frente a un primer contraste dado que a la otredad religiosa en el caso italiano se le suma su impronta extranjera, situación que no se repite con los grupos evangélicos en Argentina. La evaluación de las políticas públicas de integración/segregación de minorías religiosas no puede soslayar esa doble condición de minoría del contexto italiano.

La investigación ha contemplado diversas dimensiones de análisis. En primer lugar, la cuestión normativa. La legislación vigente presenta matices que inciden en la regulación estatal de la diversidad religiosa. En Argentina, perdura el Registro Nacional de Cultos (Ley nº 21.745 de 1978) que establece la obligatoriedad a todas las religiones, con excepción de la Iglesia católica, de registrarse en el ámbito de la Secretaría de Culto de la Nación. Todas las entidades confesionales están habilitadas de hacerlo, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos relacionados con la organización y la doctrina. En Italia, el Estado reconoce sólo a 12 religiones, inscritas como asociaciones de la sociedad civil, en virtud de Acuerdos ya firmados (8 cristianas, 2 budistas, 1 judía y 1 hindú). Adviértase la ausencia de aquellas de origen islámico.

En segundo lugar, el relevamiento abordó a las instituciones y actores protagónicos. En Argentina y específicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en la última década se han multiplicado las Direcciones de Culto a nivel local.  Resulta infructuoso abordar la gestión pública de la diversidad religiosa sin atender el accionar de quienes están al frente de ese novedoso organigrama estatal. El análisis de las trayectorias de sus referentes revela que en su mayoría, son de procedencia evangélica. La génesis de las Direcciones de Culto y el perfil de sus autoridades da cuenta, por un lado, de la perdurabilidad de los vasos comunicantes entre religión y política en Argentina y, por otro, de la visibilidad de las organizaciones evangélicas en el territorio y de la creciente negociación que entablan con la política local.

Las actividades de gestión son de diversa índole. Sirven de articulación con el Registro Nacional de Cultos y asesoran a las entidades religiosas en el proceso de inscripción en el Registro; conforman Mesas Municipales de Diálogo Interreligioso; participan de las políticas sociales y educativas locales; gestionan las autorizaciones municipales para la realización de eventos religiosos en el espacio público y, en algunos casos, proyectan la creación de un Registro Municipal de Culto.

Este proceso no se desarrolla sin tensiones, algunas manifiestas, otras latentes. Existe un condicionante estructural que el marco legal impone a escala nacional, habida cuenta del trato diferenciado del catolicismo respecto a los demás cultos (recordar que el artículo 2º de la Constitución Nacional establece que el gobierno debe sostener al culto católico apostólico romano). A su vez, la posición periférica de algunas Direcciones de Culto dificulta el cumplimiento de las demandas exponenciales de los grupos religiosos. Por otro lado, la acumulación de poder de quienes ejercen la Dirección de Culto en el municipio redefine las relaciones al interior del campo evangélico con impacto aún indeterminado. Relacionado con ello, la continuidad y crecimiento de estos espacios de gestión abren un interrogante respecto al histórico monopolio de la Iglesia católica en la interlocución político-religiosa y a las aspiraciones evangélicas en torno a alcanzar una igualdad religiosa.

Desde el inicio de la investigación, el proyecto contempló la generación de un espacio de intercambio con los referentes estatales que gestionan la diversidad religiosa, a nivel provincial y municipal. La Diplomatura en Diversidad Religiosa, Espacio Público e interculturalidad se constituyó como un espacio formativo para funcionarios pero también para activistas, periodistas y líderes de diferentes credos, quienes adquirieron herramientas analíticas claves para la valorización de la pluralidad y la promoción de la tolerancia y la convivencia democrática. Dicha Diplomatura, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, tuvo hasta el momento dos cohortes, una en 2021 y otra en 2022, proyectándose la apertura de una tercera en 2024. Además, desde la Diplomatura se realizaron dos relevamientos colaborativos importantes: las encuestas “diversidad religiosa en tiempos de pandemia”  (2021)[1] y “diversidad religiosa en diálogo” (2022)[2]. Ambas se inscriben en este proyecto y sus resultados han impactado en las políticas de gestión local, provincial y nacional de la diversidad religiosa. Sus resultados fueron presentados en distintos Municipios, Dependencias Proviciales, Foros Interreligiosos y en el INADI.

Junto al equipo italiano, el 2 de mayo de 2023, organizamos un taller con las y los Directores de Culto de la Provincia de Buenos Aires en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de compartir los avances del proyecto. Dicha actividad fue enmarcada en el desarrollo del I Simposio sobre Diversidad Religiosa, Políticas Públicas y Ciudadanía, evento que también contabilizó actividades en el CEIL, orientadas a dar publicidad a nuestros hallazgos y fomentar el diálogo con líderes religiosos en temáticas asociadas a la discriminación religiosa.

Por su parte, en noviembre de 2022 y agosto del 2023 el equipo argentino realizó dos misiones a Italia en las que compartimos encuentros y actividades con funcionarios de culto y con comunidades de fe locales junto al equipo de investigación de la Universidad de Turín.

En definitiva, se trata de una investigación colaborativa que pretende identificar en el ejercicio comparativo las políticas públicas que contribuyan a promover la ciudadanía religiosa en ambos países.