Mercado sexual. Vulnerabilidades de largo plazo potenciadas en contexto de ASPO en personas travesti-trans de Buenos Aires* / Gabriela Irrazábal y Matías Busso

Existe una amplia producción en las ciencias sociales que ha analizado la construcción del comercio sexual como problema público, es decir, que se hace visible y que implica un trabajo político de escenificación, de movilización colectiva, de negociación con actores instituidos, de inscripción en un espacio argumentativo, de tematización y de categorización. En nuestro país desde la epidemia de fiebre amarilla en 1871 aparecen paradigmas y programas higienistas de control y profilaxis sanitaria, social y moral (Rossi, 2005). En este contexto, la cuestión del comercio sexual se debatió en las distintas municipalidades dando lugar al período llamado de prostitución reglamentada (1874/5-1932/4).

Los trabajos históricos que refieren a este período se centran en  a) la descripción de los reglamentos de prostitución, la creación del registro de prostitutas (fichaje y libreta sanitaria) y sus implicancias para las mujeres (Mujica, 2001; Irrazábal, 2006; Busquier, 2018), b) la relación de las fuerzas policiales con las casas de tolerancia (Pereira, 2016; Daich y Sirimarco, 2012), c) los conflictos por denuncias y su consecuente judicialización entre vecinos, comerciantes y dueños de cafés de las ciudades por la presunción de ejercicio del comercio sexual (Pereira, 2016) d) las prácticas que quedaban por fuera de las reglamentaciones,  la vulnerabilidad y la clandestinidad producto del régimen reglamentario (Pereira, 2016), e) las cuestiones edilicias y de diseño arquitectónico de los locales destinados al comercio sexual (Caride Bartons, 2017) f) la preocupación por las formas de sociabilidad masculina en un contexto de inmigración masiva, politización de clases populares e incipiente movimiento obrero (Guy, 1994; Gayol, 2000). Tal como señalan diversos autores (Noguera, 2003; Rossi, 2005; Álvarez, 2008) en este período, surgen la demografía y estadística sanitaria epidemiológica y las enfermedades de transmisión sexual fueron objeto de control de la política sanitaria y de higiene a través del control de las mujeres residentes de casas de tolerancia, la inauguración de centros de salud especializados y campañas de educación sexual (Rossi, 2005; Álvarez, 2008).

En torno al comercio sexual existen distintos regímenes normativos, que van desde la ausencia de criminalización a su total penalización. Si bien hay consenso generalizado en que no se debe penalizar a las personas que intercambian sexo por dinero o equivalente, hay países que penalizan la oferta y la demanda, otros sólo la demanda y otros se focalizan en la facilitación o el usufructo de la prostitución ajena criminalizando el proxenetismo, el rufianismo y la existencia de establecimientos en los que se ofrezcan servicios sexuales a cambio de dinero. Cada uno de los regímenes normativos conlleva riesgos y vulneraciones de derechos humanos hacia las personas que realizan sexo comercial tal como indican numerosos estudios a nivel global (Mininchello & Scott, 2014; Platt et Al., 2018).  Claudia Torres (2014) señala que hay distintas ideologías que sostienen los tipos de regímenes legales en torno al comercio sexual y dan fundamento a la clasificación de normas y leyes tanto en la doctrina y la jurisprudencia y, por tanto, en la persecución judicial de algunas prácticas ligadas al comercio sexual. Torres (2014:5) menciona al prohibicionismo, el abolicionismo o sistema de tolerancia oficial y la reglamentación, neo-regulacionismo o reglamentarismo liberal y la decriminalización o abolicionismo moderno. Coincidimos con Cecilia Varela y Débora Daich (2016: 64) en que estos modelos de regímenes jurídico- normativos describen más bien aspiraciones políticas y sociales en torno al estatuto de la oferta de servicios sexuales y no resultan herramientas adecuadas para comprender las formas concretas que asume en distintos espacios sociales la regulación del comercio sexual

La normativa nacional en relación a la trata de personas involucra tratados internacionales con jerarquía constitucional, tratados de organismos internacionales y regionales ratificados por la Argentina, leyes, decretos y resoluciones. En la recopilación normativa elaborada por Budiño (2014), se pueden observar sucesivas reformas legislativas que agravan penas y asocian otros delitos a la cuestión. Esta situación genera prácticas en las que la denuncia, los informes de inteligencia iniciales, las actas de allanamiento y secuestro junto con las declaraciones testimoniales de mujeres y clientes constituyen el núcleo central de pruebas en los casos de trata de personas (Bueno, 2006: 13).

En la normativa, se consideran como delitos conexos a la trata de personas a aquellos delitos de explotación donde no se da el elemento típico de ofrecimiento, recepción, acogimiento, traslado o recepción de la persona (Ministerio Público Fiscal Pcia. Buenos Aires, 2018), que incluye delitos de “promoción y facilitación de la prostitución” cubiertos por la ley 12331 y por artículos 125bis, 126, 127 del Código Penal). En los Códigos Contravencionales y de Faltas de todas las provincias del país se describen las formas en que se persigue el comercio sexual en cada jurisdicción. Si bien los Códigos Contravencionales se han modificado desde esa fecha (por ejemplo, la provincia de Buenos Aires derogó el art. 68 de su Código que imponía la pena de arresto para la oferta sexual), al analizar las formas de persecución se observa que la pena de arresto y multa son las más frecuentes en todas las provincias y en menor medida la realización de tareas comunitarias (INECIP, 2013).

La agenda internacional sobre migraciones, narcotráfico y trata de personas y las representaciones sobre la Argentina que de allí emergen (como un país de “trata”, con fronteras permeables) han influido en la adecuación y endurecimiento de la legislación penal a nivel nacional e incluso a niveles locales. La Oficina de Lucha contra la Trata de Personas del Gobierno de EEUU (2019) indica que Argentina cumple estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y que el principal obstáculo para el combate a la trata de personas es “la complicidad oficial, principalmente a nivel provincial y municipal”. El endurecimiento de la normativo y la criminalización conllevan a vulneraciones de derechos de las personas que intercambian sexo por dinero o equivalente. Estas poblaciones vulneradas atraviesan situaciones de violencia institucional, tienen limitadas posibilidades de acceso a la vivienda y una atención a la salud, carcen de un régimen previsional y además, de alternativas labrales. Sumado a esto, un grupo importante son personas migrantes con inconvenientes para regularizar su residencia en el país y acceder a un DNI.

Con el objetivo de profundizar sobre la situación actual del ASPO, de manera exploratoria, se realizaron 12 entrevistas a personas travesti-trans que intercambian sexo por dinero o equivalente en la Ciudad de Buenos Aires y se auto reconocen como trabajadoras sexuales.

9 de las 12 personas entrevistadas, indicaron que el intercambio de servicios sexuales por una compensación económica es su única fuente de ingresos (9 de las 12).Todas contestaron que durante la cuarentena no pudieron seguir ejerciendo su actividad y por tanto, sus ingresos se redujeron significativamente. Esto repercutió en diferentes aspectos de su vida, pero sin duda uno de los más graves se relaciona con su situación habitacional y alimentaria. La crisis habitacional del colectivo travesti-trans en la Ciudad de Buenos Aires está lejos de ser coyuntural. Esto fue reconocido justicia porteña que, luego de un recurso de amparo, obligó al Gobierno de la Ciudad a dar respuesta a la situación habitacional que atraviesa el colectivo travesti-trans ya que consideraba que se encontraban en “una situación de hacinamiento crítico”.

Las entrevistadas viven en hoteles familiares en habitaciones de un ambiente, pagando alquileres que van desde $10.000 a 20.000. No pueden acceder a alquileres formales por carecer de ingresos fijos y sobre todo por la estigmatización construida sobre su identidad de género y actidad que realizan.

A esta situación, que es preexistente al ASPO, debe sumarse la actual imposibilidad de pagar el alquiler, generando un clima de hostilidad e incertidumbre. De las doce personas entrevistadas diez respondieron que no pueden pagar el alquiler y que recibieron amenazas de desalojo. Una de las entrevistadas respondió que está endeudada pero no recibió intimación de desalojo y solo una pudo pagar el alquiler.

Por otro lado, una porción importante de las entrevistadas son migrantes con dificultades para regularizar su situación migratoria, principalmente porque actualmente gran parte del trámite es online, y muy pocas de ellas cuentan con una computadora personal y conexión a internet o la información para realizarlo.

Por otro lado, la imputación en causas penales es una dificultad para que puedan regularizar su situación migratoria y la mayoría  han sufrido detenciones  y violencia institucional. Las principales imputaciones que reciben son la figura contravencional de oferta y demanda de sexo en la vía pública (art. 81 del Código Contravencional de la Ciudad)  y tenencia de estupefacientes. A estas causales actualmente puede sumarse la imputación del artículo 205 y 239 del Código Penal, conforme al decreto presidencial que establece el ASPO (violación de cuarentena). Del total de entrevistadas solo una dijo no haber sufrido alguna vez una detención, las otras 11 dijeron haber sido detenidas en al menos alguna ocasión, por oferta y demanda de sexo en la via pública o por tenencia de estupefacientes.

Una de las entrevistadas fue detenida durante este periodo de ASPO, la detención ocurrió junto a dos mujeres trans, en la puerta de su vivienda cuando venían de comprar comida. Al narrar el episodio, relata que fueron esposadas y  las trataron de forma masculina sin respetar su identidad de género.  El no respeto de la identidad de género de personas trans por parte de las fuerzas de seguridad es una constante, según las entrevistadas. La mayoría afirma que al momento de ser detenidas no se respetó su identidad autopercibida. El hecho de que la mayoría de las personas trans, haya tenido conflictos con las fuerzas de seguridad responde claramente a patrones discriminatorios y de selectividad del poder punitivo. En cuanto a las políticas sociales, pese al fallo de la justicia porteña, solo cuatro de las entrevistadas cobra un subsidio habitacional. La politica social a la cual la mayoria de las entrevistadas accede, aunque de manera muy reciente, es el Potenciar Trabajo (Unifica Haciendo futuro y Salario social complementario), ocho de las entrevistadas dijeron estar percibiendo el cobro de ese programa que tiene el objetivo de “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica” (Crf. Potenciar Trabajo, 2020) y ofrece una suma equivalente a un salario mínimo vital y móvil. En lo que hace a asistencia directa la mayoría de ellas asiste a comedores comunitarios para poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación y también, ayudan económicamente a familiares que tienen a cargo.

Gran parte de quienes intercambian servicios sexuales por una compensación económica (u equivalente) engrosan los números de las poblaciones más vulneradas de nuestro país. Existen una yuxtaposición de condiciones de desigualdad: ser pobre, migrante, trans y ejercer sexo comercial en la calle, por ejemplo, implican escenarios muy precarios de supervivencia.   Las condiciones de vida de las personas que intercambian de servicios sexuales por una compensación económica (o equivalente) en un mercado sexual que es heterogéneo y diverso deben estudiarse en perspectiva de derechos de humanos y focalizando no sólo en las personas que intercambian servicios sexuales sino en todos los actores involucrados: la demanda y las agencias estatales con sus estrategias de gobierno del mercado del sexo.

 

Referencias.

Alvarez, Adriana (2008) Tras la vida de un higienista y filántropo: Emilio Coni En Álvarez, Adriana & Carbonetti, Adrián (eds.). Saberes y prácticas médicas en Argentina. Un recorrido por historias de vida. Mar del Plata: EUDEM.

Budiño, Pablo (2014), “Trata de Personas y Delitos Conexos. Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales Legislación Nacional Doctrina y Jurisprudencia”, Dossier Legislativo, Año II  (40). Buenos Aires: Biblioteca del Congreso de la Nación.

Bueno, Gonzalo (2006), “Investigación del delito de trata de personas. Informe sobre el tratamiento judicial de casos de trata de personas en Argentina Buenos Aires: Ministerio Público Fiscal”. Recuperado el 15/6/2020 en https://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/Trata/ElDelito/Informe_OIM_MPF/Capitulo_1_A.pdf

Busquier, Lucía. (2018). Trabajo sexual en Córdoba: biopolítica, sexo y cuerpos. La ley de Profilaxis de las enfermedades venéreas: el papel de la prensa y del Estado en la construcción de los cuerpos de las prostitutas en 1938. Revista interdisciplinaria de estudios de género de El Colegio de México, 4, e175. Epub 23 de abril de 2018.https://dx.doi.org/10.24201/eg.v4i0.175

Caride Bartrons, Horacio (2017) Lugares de mal vivir. Una historia cultural de los prostíbulos de Buenos Aires, 1875-1936. Buenos Aires: Ediciones del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”

Daich, Débora y Sirimarco, Mariana (2012) Policía y prostitución. Una relación pornográfica (El control de la prostitución en Argentina 1875-1936. Revista Jurídicas (9) 1: 80-101

Daich, Débora y Varela, Cecilia (2015), “Trata y trabajo sexual: problematizaciones antropológicas. Revista Quehaceres. UBA, pp. 39-50. Disponible en: http://revistas.filo.uba.ar/index.php/quehaceres/article/view/462/349

Departamento de Estado de los Estados Unidos (2019), “Informe sobre trata de personas en Argentina”. Recuperado el 15/6/2020 en https://ar.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/26/Informe-sobre-Trata-de-Personas-2019-Argentina.pdf

Gayol, Sandra (2000) Sociabilidad en Buenos Aires: hombres, honor y café (1862-1910). Buenos Aires: Ediciones del Signo

Guy, Donna (1994), El sexo peligroso. La prostitución legal en Buenos Aires 1875-1995. Buenos Aires, Sudamericana.

Irrazábal,Gabriela (2006) Herramientas para el estudio de la prostitución femenina (Tesis de grado). — Presentada en Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para optar al grado de Licenciada en Sociología. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.551/te.551.pdf

Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (2018), “Delitos conexos a la trata de personas. Informe anual 2018”. Recuperado el 3/7/2020 de https://www.mpba.gov.ar/files/content/Memoria%20Delitos%20Conexos%202018.pdf

Múgica, M. L. (2001b). La Prostitución reglamentada: fundamentos y estrategias políticas municipales de control. Rosario (Argentina) en la primera década del Siglo XX. Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Disponible en http://cdn.fee.tche.br/jornadas/1/s14a1.pdf

Noguera, C. (2003) Medicina y Poítica. Discurso médico y prácticas higienistas durante la primera mitad del siglo xx en Colombia. Medellín: Ediciones Universidad EAFIT.

Rossi, Lucía (2005) La década del ‘20 en Argentina: de la profilaxis social a la higiente mental.  Anuario de investigaciones (8) 8: 155-161

Schettini, Cristiana (2016), Ordenanzas municipales, autoridad policial y trabajo femenino: la prostitución clandestina en Buenos Aires, 1870-1880, Revista Historia y Justicia [En línea], (6) 6. DOI : https://doi.org/10.4000/rhj.545

Torres, Claudia (2014), “Sobre modelos de regulación de la prostitución y el régimen legal vigente a nivel federal y en el Distrito Federal”. Serie documentos de trabajo (65). México: CIDE recuperado el 2/7/2020 en http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/1422/153370.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nota

* Parte de este texto se encuentra en el proyecto de Bermúdez, Irrazábal & Pérez (2020, en etapa de diseño) “instrumentos técnico-metodológicos para un diagnóstico situacional sobre las personas que ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero o equivalentes en la Argentina”. Las entrevistas a las personas travesti-trans fueron realizadas por Matías Busso en julio de 2020 en la Ciudad de Buenos Aires.