Alfonsina Albertí, Martín Bageneta, Silvia Bardomás, Gabriel Bober, Julia Lombardi, Macarena Marcado Montt, Guillermo Neiman (coordinador), Jimena Ramos Berrondo, Sebastián Scirica (2020), Los trabajadores temporarios de la agricultura frente al COVID-19, El trabajo en los tiempos del COVID-19 (1). Disponible en:http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2020/06/t01-Agricultura.pdf

El Decreto 297/2020 del Gobierno Nacional que establece para todo el país el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) ante la contingencia del COVID-19, en su artículo 6º considera “esencial” la producción de bienes agropecuarios y de alimentos.
La agricultura y sus trabajadores y trabajadoras conforman un ámbito de particular complejidad para la elaboración, implementación y supervisión de acciones para contener y eventualmente mitigar los efectos de la pandemia.
Las condiciones laborales y sociales que afectan a una mayoría de hogares que habitan en las áreas rurales y a los trabajadores agrícolas en particular, los convierten en grupos más expuestos a la enfermedad y también con mayores restricciones para enfrentarla por limitaciones de acceso a los servicios en general y de la salud en particular.
El carácter atípico del trabajo agrario por el predominio de ocupaciones temporarias en condiciones de informalidad laboral y/o vulnerabilidad social colocan a la problemática del COVID-19 en un contexto específico para el diseño de políticas laborales y sociales.
La cadena productiva del limón en la provincia de Tucumán al que hace referencia este Informe caracterizada por una fuerte articulación a los mercados mundiales y con presencia mayoritaria de trabajadores y trabajadoras de temporada en tareas de cosecha, empaque e industria, se constituye en un escenario de significación para analizar las acciones desplegadas y sus problemas y limitaciones en el marco de la pandemia.
La elaboración de protocolos para organizar la producción y el trabajo muestra que son un instrumento necesario en tanto establecen condiciones básicas para el desarrollo de la actividad, pero que requieren ser actualizados continuamente y complementados con otras acciones.
La priorización que se ha observado en la consideración de los aspectos económico-productivos, debilitan y/o desconocen la necesidad de medidas de orden social y sanitario, que resultan imprescindibles en el caso particular de esos grupos poblacionales.
Esos dispositivos junto con su supervisión y evaluación requieren la inclusión de todos los actores involucrados, siendo el Estado en todos sus niveles – nacional, provincial y municipal – el promotor y garante de esa participación para la identificación de los factores de riesgo y el control de su incidencia. La debilidad relativa de las organizaciones gremiales y la escasez de recursos del sector público limita una participación equilibrada en esas instancias.
Aspectos tan diversos como la circulación y el transporte de los trabajadores y las trabajadoras, las tareas con elevada concentración de personas, las formas de pago por jornal o el limitado acceso a la seguridad y protección social, adquieren un carácter aún más crítico en ese contexto al convertirse en factores de riesgo con una gran capacidad de multiplicación de la enfermedad.
Además, el hecho de que la gran mayoría de estos trabajadores y sus hogares no sean beneficiarios de las transferencias monetarias para reducir los efectos económicos de la pandemia agrava esas condiciones y plantea la necesidad de un cambio urgente de la legislación respectiva.