Los tratados transregionales de libre comercio y su potencial impacto en América latina / Alejandro Frenkel

 Resumen de la charla del 14 de sptiembre de 2016

La charla se inició con la definición de qué es un Tratado de Libre Comercio, planteando que los mismos se pueden implementar de manera bilateral, regional, interregional, transregional o multilateral. El Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (en inglés, TTIP) correspondería a lo que sería un “interregionalismo híbrido”. Es decir, un grupo regional y potencias individuales; mientras que el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (en inglés, TPP) sería un tratado transregional norte-sur, con presencia de fuertes asimetrías. Más allá de estas diferencias, ambos comparten las siguientes características:

- No se limitan únicamente al aspecto comercial. También servicios, propiedad intelectual, medio ambiente, asuntos laborales

-Además del componente liberalizador, hay un fuerte componente regulador.

- Parten del principio de liberalización “negativa” en vez de liberalización “positiva” (esto implica que se reducen los aranceles de todos los bienes, salvo aquellos que sean especificados como excepcionales)

- No contemplan la libre circulación de personas

-Mantienen mecanismos de solución de controversias en instancias extrarregionales

-Ambos representan iniciativas orientadas a establecer nuevos parámetros de gobernanza global

Luego de esta introducción se pasó a analizar el TTIP y el TPP de manera detallada.  Respecto del Tratado Transatlántico, en la exposición se destacó lo siguiente:

El Acuerdo se basa en tres pilares o áreas: reducción o desmantelamiento de las tarifas arancelariasrelativas al comercio de mercancías; la potenciación del comercio de servicios; y la participación de empresas en contrataciones públicas

Respecto de la liberalización del comercio de bienes, ambas partes han reconocido que los resultados económicos que se esperan del TTIP no van a derivar principalmente de esta medida. En efecto, la tasa media de los aranceles entre la UE y Estados es ya muy reducida. El punto conflictivo, en todo caso, está en los productos agrícolas, donde se han estancado las propuestas por el proteccionismo de Estados Unidos y Europa.

En referencia al comercio de servicios, las áreas de negociación incluyen a los servicios informáticos y de telecomunicaciones, el transporte marítimo internacional, el transporte aéreo, los servicios de mensajería, los servicios profesionales y empresariales, los servicios de construcción, la distribución, la energía o servicios ambientales. Excluye completamente a los servicios audiovisuales y a los servicios prestados en el ejercicio de la autoridad pública que no se suministren en condiciones comerciales (sanidad pública, educación, servicios sociales, agua, cine, radio, televisión o normativa de protección de datos)

Asimismo, se explicitó que el Acuerdo establece la libertad de cada Parte de regular la entrada de los trabajadores siempre y cuando estas regulaciones no menoscaben la apertura del mercado y sostiene que no se deberá afectar a las normas que regulan derechos laborales como la libertad sindical o el salario mínimo. No obstante, esto figura como una mera nota al pie.

El tercer asunto, la liberalización de los contratos públicos a las empresas extranjeras, es un tema no solo de críticas externas sino de controversia entre las partes, ya que ambos consideran que su apertura es mayor que la del otro. Existe una controversia por el llamado “Buy American” (cláusulas que priorizan la elección de empresas americanas en los contratos con entidades públicas) y, del lado europeo, un temor a que la apertura sin control a las empresas estadounidenses conlleve a la “importación” de un modelo de servicios basado en el mercado. Especialmente, en el área de la salud.

El TTIP también contempla la creación de un Consejo de Cooperación Reguladora con el objeto de monitorear y coordinar el proceso de armonización, dado que existen enormes diferencias en las regulaciones de Estados Unidos y la UE (marcos jurídicos, instituciones, culturales, políticas).Este Consejo estaría integrado por representantes gubernamentales con participación de los agentes económicos, despertando críticas por una eventual institucionalización de los lobbies empresariales.

Asimismo, el Tratado establece un mecanismo de solución de controversias en inversiones en el que si una corporación cree que sus beneficios están siendo afectados por alguna regulación estatal (por normas ambientales o cargas impositivas) puede demandar al Estado ante un “tribunal de arbitraje internacional”.

Por último, se resaltó que luego de que Greenpeace hiciera públicos los documentos secretos del TTIP en mayo de 2016, países europeos como Francia, Alemania y Holanda pidieron poner fin a las negociaciones, abriendo un interrogante sobre la futura concreción del Tratado.

A diferencia del TTIP, el TPP sí fue firmado, aunque todavía no entró en vigor por la necesidad de ser ratificado por los Congresos. Si bien se presenta como un Acuerdo de Libre Comercio, sólo 5 de sus 30 capítulos están relacionados con aranceles y tarifas. Los principales capítulos se refieren a inversiones, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, contrataciones públicas, propiedad intelectual, medio ambiente, derechos laborales, regulaciones y medidas de transparencia.

El tratado involucra a 12 países: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos México, Perú y Chile.

En materia de comercio de bienes y servicios, se desatacó que el acuerdo elimina los aranceles sobre bienes industriales, aunque los aranceles sobre algunos productos, como los autos y el sector agrícola, deben ser eliminados gradualmente en un plazo más largo, hasta por décadas. Al igual que el TTIP, el TPP no se limita a la reducción de tarifas y aranceles sino que abarca cuestiones mucho más profundas, como el comercio de servicios y las contrataciones públicas.

Asimismo, se detalló que el Acuerdo tiene un capítulo destinado al medio ambiente que omite cualquier referencia al “cambio climático”. Asimismo, se contempla la creación de un Comité de Medio Ambiente, compuesto por representantes gubernamentales de alto nivel para supervisar la implementación del capítulo medioambiental. El Comité puede actuar como instancia para resolver una controversia, incluyendo asuntos identificados como potenciales barreras no arancelarias a ese comercio. Esto significa que si un Estado establece leyes más restrictivas a fin de aumentar estándares técnicos en la protección ambiental y es interpretado como una barrera no arancelaria a la productividad de las empresas, el Estado en cuestión puede sufrir sanciones.

En materia de propiedad intelectual, el Tratado establece grandes beneficios para las corporaciones farmacéuticas, los laboratorios y las multinacionales agroquímicas, asegurando el monopolio de sus productos. Esto limita el acceso a tratamientos y medicamentos genéricos. Asimismo, el capítulo sobre propiedad intelectual amplía términos de copyright de las empresas de medios de comunicación importantes para obras artísticas y se endurecen las sanciones –no solo civiles, sino también penales- para aquellas medidas que eludan el copyright. También aumenta los estándares de control sobre los contenidos en internet, generando condiciones para bajada y/o prohibición de contenidos.

El TPP establece como mecanismo solución de controversias en materia de inversiones que un privado puede demandar a un Estado si considera que se ve afectado un beneficio. El mecanismo se inicia con consultas y negociaciones bilaterales. Si una controversia relativa a una inversión no ha sido resuelta dentro de los seis meses, se puede recurrir a un arbitraje internacional. El Acuerdo establece como tribunales válidos al CIADI; a la CNUDMI (Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional) o cualquier otra institución arbitral que acuerden el demandante al demandado.

Asimismo, se explicó que el capítulo laboral del TPP establece que los Estados parte se comprometen a adoptar y mantener en sus leyes los derechos laborales reconocidos en la Declaración de la OIT de 1998, como la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva y la eliminación del trabajo forzoso. No obstante, el Tratado habilita a que cada Estado determine qué entiende por condiciones aceptables de trabajo. Tampoco se establece ninguna referencia para el salario mínimo, con lo cual queda a libre determinación de cada país.

En América Latina, tres países de la Alianza del Pacífico –Chile, México y Perú- firmaron el TPP y otros como Argentina, Colombia, Uruguay, Costa Rica y Panamá se manifestaron favorables a integrar en un futuro el TPP.

Finalmente, la exposición detalló una serie de apreciaciones generales sobre estos Tratados, con especial énfasis en sus efectos sobre los países latinoamericanos. Algunas de estas observaciones fueron:

- Los Tratados se impulsan en el marco de una disputa geopolítica y geoeconómica entre Estados Unidos y China, en la que Estados Unidos busca asegurarse determinados mercados y limitar la presencia del país asiático.

- En este sentido, pueden generan estándares que obliguen al resto de los países a involucrarse, bajo la amenaza de quedar relegados de los mercados globales.

- Mantienen o profundizan las asimetrías existentes en materia de capacidad industrial y tecnológica entre países desarrollados y en desarrollo.

- Fomentan la reprimarización de las economías en desarrollo o la especialización sobre determinadas industrias competitivas.

- Mantienen las restricciones en acceso al conocimiento y salud en cuestiones digitales, patentes, marcas, etc.

- Establecen un mecanismo lista negativa beneficia a las empresas, dado que amplía el nivel de liberalización y puede bloquear futuros servicios hoy no existentes por parte de Estados.

- Suponen riesgos para el medio ambiente y la degradación de los estándares y regulaciones laborales.

- Reafirman la denominación del medio ambiente y los recursos naturales como mercancías, y no como bienes estratégicos de uso e interés público y vital para el desarrollo.

- Fomentan la relocalización de industrias hacia regiones con normas más flexibles y con menores costos labores. Presiona para una baja de salarios

- Suponen un serio riesgo sobre el sector agrícola y sobre la población campesina (monopolios, aumento de precios, desocupación, migraciones, narcotráfico)

- Contemplan mecanismos de solución de controversias en los que las empresas pueden litigar contra los Estados en tribunales internacionales.

- Generan un efecto «centrifugador» de los regionalismos sur-sur entre países vecinos.