Algunos elementos de la reforma previsional del macrismo / Nicolás Dvoskin

Extracto de la charla titulada “Historia de las jubilaciones en Argentina. Herramientas para discutir la reforma previsional actual” a cargo del Dr. Nicolás Dvoskin, 24 de agosto de 2016, en el CEIL.

 

La reforma previsional del macrismo es muy incipiente y de hecho a la mayoría de sus aspectos le falta la reglamentación o aun no se han puesto en práctica, con lo que todo lo que planteemos tendrá cierto carácter especulativo. En ese sentido lo primero que planteo es que la pensión universal a la vejez –incluida en esta reforma- tiene varios elementos que la diferencian de las moratorias, o de la política de inclusión previsional del kirchnerismo en general.

El primero es la edad de jubilación, que es 65 para todos, con los que se atrasa la edad de jubilación de las mujeres –actualmente en 60-. El segundo que la pensión universal está planteada como el 80% de la jubilación mínima para siempre, a diferencia de la moratoria, en la que el plazo de regularización –durante el cual el beneficiario percibe menos que la jubilación mínima- es de cinco años como máximo, pero variable en función de los aportes previos. Si una persona aportó 29 de los 30 años necesarios tiene el 80 % para siempre mientras que antes pagaba una o dos cuotas y pasaba a percibir la jubilación mínima.

Pero, sobre todo, la pensión universal no reconoce el derecho a pensión para cónyuges. Si una persona fallece y tenía esa pensión, no se la traslada a su cónyuge. Hace rato que se permite el doble beneficio –es decir, percibir una pensión y una jubilación al mismo tiempo-. Principalmente hay un montón de viudas que cobran pensiones ordinarias por sus maridos y aparte cobran la jubilación propia por moratoria. Eso ya no se va a poder más porque ya no sólo quien tiene esa pensión no le traslada el derecho al cónyuge sino también porque la pensión es incompatible con un beneficio previsional existente, con lo que una pensionada o un pensionado no va a poder cobrar el plan del ingreso universal. Son elementos sustanciales que hacen a una cobertura mucho más baja, no en términos de cantidad de gente sino de intensidad de esa cobertura.

Sin embargo, lo más significativo de la reforma es la recuperación en clave meritocrática de la necesidad de separar las jubilaciones ordinarias de las pensiones no contributivas, lo que está muy presente en muchos discursos de los funcionarios del gobierno, sobre todo en discursos bastante claros de Melconian o de Broda, economistas que están cercanos al mundo del PRO, quienes han planteado que el problema de las moratorias es haber otorgado el mismo derecho al que aportó y al que no. Para ellos el gran problema que tienen las moratorias es ese, generar el mismo derecho, y eso es injusto para los que aportaron.

Detrás hay una concepción muy fuerte que tiene que ver con que la persona que no aportó es de hecho un evasor, que es una persona que es responsable de haberlo hecho. Otros pensamos que, por el contrario, esa persona básicamente fue víctima de un modelo económico que genero alto desempleo, alta informalidad laboral, exclusión social y que en general las personas que no aportaron, sobre todo los trabajadores en relación de dependencia, no es que no aportaron porque no quisieron, no aportaron porque no pudieron. En todo caso algunos autónomos habrán sido evasores, pero la mayor parte de los trabajadores en relación de dependencia no pueden elegir aportar o no aportar. Entonces detrás hay una concepción que tiene que ver con penalizar a la persona que no aportó como responsable de eso y a partir de eso se construye una nueva legitimación de la estigmatización. Y eso está presente muy claramente en el proyecto de pensión universal a la vejez al punto de que cuando comparan los beneficios en el discurso público no lo comparan con las moratorias sino con las pensiones no contributivas, que son a partir de 70, entonces dicen “no, en realidad no subimos cinco años la edad para mujeres, la bajamos cinco años en comparación con las pensiones no contributivas”.

Por último vengo a plantear un final un tanto optimista, que refiere a que por alguna razón no pueden barrer con toda la reforma previsional. Por alguna razón el macrismo no puede en este momento reprivatizar el sistema, que yo entiendo que es lo que les gustaría hacer, básicamente porque al consenso social no le es caro ese tipo de proyecto.  A ellos les encantaría hacerlo, de hecho para ellos los principales objetivos de la reforma son el blanqueo y la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso es lo que quieren hacer, no por un problema del sistema previsional sino por problemas del sistema financiero. El Fondo de Garantía les preocupa porque permite una intervención del estado en las empresas que no les gusta. Pero yo creo que ellos si pudieran reprivatizarían el sistema previsional, de hecho el PRO votó en contra de todas las leyes de reforma previsional del kirchnerismo, salvo de la última, del resto votó en contra de todas. Entonces claramente estarían a favor de reprivatizar pero no pueden.

En ese sentido uno podría pensar que el kirchenrismo dejó cierto legado en términos de la legitimación de un sistema más inclusivo, en términos de un sistema administrado por el Estado. Claramente quedó en el imaginario colectivo que las AFJP fueron una estafa y que entonces volver a las AFJP no les va a ser tan fácil. En ese sentido me parece que es un punto a favor. Pero bueno, este es el recorrido histórico que yo tenía ganas de hacer respecto a este contexto, poniendo el eje en lo que es la relación entre la previsión no contributiva y la contributiva, entendiendo que el kirchnerismo fue la única experiencia argentina que propuso una solución no estigmatizadora, que incluso el viejo peronismo sí lo hizo, en otro contexto, en otro país, pero lo hizo, y que el principal riesgo de la política previsional que propone el macrismo tiene que ver con el retorno de la estigmatización, con volver con que haya una política para pobres y una para no pobres. Ese, creo yo, es el principal riesgo y el principal problema de la propuesta, más allá de los elementos puntuales que tienen que ver con un acceso diferencial al beneficio.