Nicolás Dvoskin

El pasado 21 de agosto tuvo lugar una actividad académica organizada por el Programa Pluridisciplinario de Investigaciones sobre Trabajo y Empleo Urbano (PITEU) del CEIL, la cual se tituló “Sistema previsional argentino. Entre el 82% móvil y la protección universal. Las reformas del pasado, del presente y del futuro”. La misma fue coordinada por Demian Panigo, investigador del CEIL, y participaron como expositores Nicolás Dvoskin, becario doctoral del CEIL, y Andrés Cappa y Juan Ignacio Balasini, asesores del Ministerio de Economía de la Nación. El objeto de la actividad fue la problematización histórica y actual del sistema previsional en el país, en un intento de vincular los resultados de las investigaciones académicas con la coyuntura económica y social. En este sentido, se intentó poner en discusión dos aspectos centrales de los debates previsionales actuales: la movilidad de haberes y la protección universal.

Demian Panigo abrió la actividad señalando la necesidad de los trabajos académicos sobre la seguridad social en un momento en el que distintos aspectos del mismo están en la agenda pública. Resaltó, a propósito, un convenio que firmaron en el año 2011 el CEIL, la ANSES y la Universidad Nacional de Moreno, el cual consistió en la producción de una serie de artículos abocados al análisis de factibilidad y resultados esperados de un amplio conjunto de potenciales políticas de seguridad social. En particular, la consigna del 82 por ciento móvil, presente actualmente en las plataformas electorales de muchos partidos políticos –en especial, partidos de izquierda- reviste hoy por hoy un status de reivindicación irrenunciable como “derecho de los jubilados” que cabe poner en discusión, principalmente en función de las consecuencias distributivas de una medida de este tipo.

Nicolás Dvoskin expuso una parte de los resultados de su investigación de tesis de Maestría en Historia Económica, la cual se titula “La seguridad social en los años desarrollistas (1957 – 1968): ideas y teorías económicas en los debates sobre su reforma”. La misma fue presentada en julio de este año y fue dirigida por Julio César Neffa. Su exposición comenzó con una descripción de los debates que se suscitaron en 1958, cuando se sancionó la ley de movilidad previsional que estableció el criterio del 82 por ciento móvil para la determinación de los haberes (Ley 14.499). Allí dio cuenta de una fuerte controversia entre dos alternativas distintas de determinación del haber en un contexto de creciente inflación: la movilidad por salarios y la movilidad por índices de precios. Cada una de ellas implica que los haberes sigan un particular criterio de igualdad (inter- o intrageneracional), lo que conlleva potenciales desigualdades (nuevamente, inter- o intrageneracional) en función de la evolución de la distribución del ingreso entre los trabajadores activos. La resolución favorable a una movilidad por salarios tuvo como principal causa la presión de los sindicatos, que de este modo pueden incidir en los haberes a través de la negociación colectiva. Asimismo, no se incluyó en el debate ninguna referencia a la situación de los adultos mayores sin cobertura previsional, lo que permite inscribir el debate dentro de los límites de la seguridad social íntegramente contributiva. Un segundo aspecto de la exposición fue el análisis de distintos proyectos de código de la seguridad social que se presentaron durante la década del sesenta (los casos estudiados se circunscriben al período 1961 – 1966), respondiendo al mandato constitucional de 1957 que asignaba al Parlamento la responsabilidad de su sanción. Formulados y redactados por distintos espacios políticos, en todos ellos se rechazó la movilidad por salarios sancionada en 1958 y se propusieron distintas alternativas, desde la movilidad por precios hasta sistemas de reparto puro donde el haber queda disociado del salario en actividad. Asimismo, en todos los casos aparece una preocupación por aquellos adultos mayores que carecen de cobertura previsional –el término habitual es “vejez desamparada”-, pero el establecimiento de regímenes de protección social no contributivos siempre se consigna como un complemento del sistema principal, que ha de mantener un estatus contributivo.

Andrés Cappa y Juan Ignacio Balasini presentaron una sección de un trabajo titulado “Sistema previsional argentino. Evolución reciente, diagnóstico de la situación actual y alternativas de reformas”. Allí se desarrolla una descripción del mismo y su evolución en los últimos años, cuyas principales conclusiones son el aumento de la cobertura a partir de las distintas moratorias abiertas desde 2005 y el incremento de los haberes mínimos en mayor proporción que los haberes medios, lo que tendió a constituir una distribución de haberes más equitativa al interior de la población pasiva en relación a períodos anteriores. Al mismo tiempo, el trabajo da cuenta de la parte de los ingresos del sistema que se origina en recursos tributarios y no en aportes y contribuciones (aproximadamente la mitad), lo cual permite desarmar otro concepto recurrente, el de “la plata de los jubilados”. De este modo, se comparan los resultados en términos distributivos de distintas políticas previsionales, como el ya mencionado 82 por ciento móvil, la reapertura de las moratorias, el establecimiento de un ingreso universal a la vejez o una segmentación del sistema entre uno puramente contributivo –reparto en función de los aportes de los recursos propios del sistema previsional- y otro puramente no contributivo –distribución universal de los recursos tributarios del mismo-.La conclusión principal de la investigación es que el establecimiento de un sistema de movilidad por salarios similar al que fuera sancionado por el Congreso en 2010 y luego vetado por el Poder Ejecutivo implicaría la conformación de un sistema previsional mucho más regresivo que el actual, que para su financiamiento requeriría, posiblemente, la suspensión de las distintas protecciones no contributivas vigentes, entre ellas las que surgen de las distintas moratorias previsionales.

En líneas generales, la actividad permitió poner en debate y problematizar algunos aspectos del sistema de jubilaciones y pensiones que no suelen estar presentes en los reclamos y demandas más habituales. En este sentido, fueron muchos más los interrogantes abiertos que las conclusiones, lo cual favorece e incentiva ulteriores investigaciones y la formulación de nuevas propuestas.